ONU: Gobierno de Nicaragua no muestra voluntad política de afrontar la crisis a través del diálogo





Washington D.C., 13 de septiembre 2022.- En el 51 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Director de la División de Operaciones de Campo y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Christian Salazar Volkmann, presentó un informe completo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua que destaca la falta de voluntad política del Gobierno para afrontar la crisis a través del diálogo y la implementación de las recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos de derechos humanos. Posteriormente, en el diálogo interactivo,varios Estados y organizaciones del Colectivo 46/2 denunciaron la represión estatal contra la sociedad civil independiente y el continuo deterioro de la crisis de derechos humanos en el país.


“La falta de reformas institucionales y legislativas encaminadas a restaurar el Estado de Derecho y la separación de poderes, el aislamiento de la comunidad internacional, así como las severas restricciones al espacio cívico, el hostigamiento a las voces críticas y la situación de las personas detenidas en el contexto de la crisis, indican dicho deterioro”, cita el informe del Alto Comisionado.


En su declaración, Salazar lamentó que no se haya reanudado el diálogo, que es “una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos” y que en contraste, se ha continuado cercenando el espacio cívico, reforzando el marco legal restrictivo para el ejercicio de la libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y ha recrudecido la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, activistas políticos, periodistas y disidencia.


Desde el año 2018 hasta la fecha, el régimen ha cancelado la personalidad jurídica de 1178 organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, asociaciones profesionales, incluyendo médicas, entidades vinculadas con la Iglesia católica y otras. En abril de 2022, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1115, que “no estaría en línea con estándares internacionales de derechos humanos por, entre otros aspectos, prohibir las actividades políticas de las organizaciones y someter toda su actividad a la autorización previa del Gobierno”.


Actualmente, 205 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas. Cincuenta de ellas (11 mujeres y 39 hombres) fueron juzgadas en primera instancia entre enero y mayo de 2022 bajo cargos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, lavado de activos y delitos conexos, figuras contempladas en la Ley Especial de Ciberdelitos, y Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la Soberanía y autodeterminación para la paz, y en el Código Penal. Todos sus juicios fueron a puertas cerradas y todas las personas acusadas fueron declaradas culpables y condenadas injustamente. El informe destacó que, “42 personas liberadas (3 mujeres y 39 hombres), incluso con la Ley de Amnistía en el año 2019, fueron nuevamente detenidas y condenadas”.


Asimismo, la libertad de expresión sigue “sufriendo embates”. Toda la redacción del diario La Prensa se exilió y se sumó a los más de 120 periodistas que permanecen en el exilio, las autoridades cesaron las operaciones de 12 medios radiofónicos y televisivos de la Iglesia Católica, funcionarios migratorios retuvieron pasaportes de personas consideradas opositoras, al menos cuatro personas nicaragüenses han sido arbitrariamente impedidas de ingresar o regresar a su propio país, entre otros ataques.


La Oficina del Alto Comisionado documentó que el conflicto por la tierra en territorios de Pueblos Indígenas sigue generando episodios de violencia en los territorios de la Costa Atlántica de Nicaragua y amenazas a la integridad de sus miembros. Además, la falta de alcance de los programas familiares de prevención a poblaciones rurales, afrodescendientes, indígenas, con discapacidades y LGBTI+, y la falta de datos oficiales suficientes para conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres, continúan siendo desafíos importantes en Nicaragua.


Finalmente, la OACNUDH instó al Estado a restaurar el Estado de Derecho mediante una reforma judicial que garantice independencia e imparcialidad, alinear la legislación interna de acuerdo a las normas y estándares internacionales de derechos humanos, liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, restaurar la personalidad jurídica y los bienes de las organizaciones y medios clausurados, eliminar todos los obstáculos que favorecen la impunidad de los perpetradores y reparar a todas las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018. Finalmente, reiteró la solicitud de reingreso al país y de cooperación de Nicaragua con la OACNUDH.


46 Estados firmaron una declaración que insta al cese de la represión contra la disidencia


En una declaración conjunta realizada por el Core Grupo (grupo promotor) y firmada por 46 Estados, destacan el autoaislamiento y falta de la cooperación con los mecanismos de derechos humanos que consideran una falta de responsabilidad y rendición de cuentas con respecto a sus obligaciones internacionales. Igualmente, denunciaron la continua supresión de los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, y de religión y represión contra minorías; así como la falta de reformas al organismo electoral de acuerdo a las recomendaciones de la OACNUDH, lo cual es especialmente preocupante debido a las próximas elecciones municipales que están programadas para noviembre de 2022.


El grupo promotor finalizó su intervención reiterando el “compromiso y solidaridad con el pueblo nicaragüense”, y el llamado “a este Consejo para que siga tomando medidas concretas para promover y proteger sus derechos humanos”.


Varios Estados intervinieron también en el diálogo para instar a la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, cesar las detenciones arbitrarias y la represión contra la prensa, y restaurar el espacio cívico. Asimismo, reiteraron su llamado para que restablezca el diálogo y la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y su apoyo al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada y al establecimiento del Grupo de Expertos.


ONGs denunciaron represión contra la sociedad civil independiente


Organizaciones del Colectivo 46/2 -un grupo de 21 oenegés que promovieron las creación del “Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua”-, y otras organizaciones aliadas denunciaron la impunidad y las torturas a las que están siendo sometidas las personas privadas de libertad por motivos políticos.


La Dra. Vilma Núñez de Escorcia, en una intervención conjunta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), denunció “las torturas contra las presas y presos políticos agravada por el trato degradante a 17 de ellos, al exponerlos públicamente esgrimiendo audiencias informativas no contempladas en el Código Procesal Penal”. La Dra. Núñez, también pidió al Consejo que exhorte al Estado de Nicaragua permitir la entrada de los mecanismos de protección de derechos humanos y específicamente al Grupo de Expertos de Naciones Unidas



Raphael Viana David del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights) en una declaración conjunta con CALPI y Raza e Igualdad alertó sobre el deterioro de la situación de derechos humanos de pueblos indígenas que habitan las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. “El Consejo debe seguir vigilando la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua con el fin de prevenir una mayor escalada, e instar al Gobierno a que coopere plenamente con la integralidad del Sistema Universal”, enfatizó.


Right Livelihood y CEJIL en declaración conjunta denunciaron la desprotección de las comunidades indígenas, expuestas a ataques armados, intimidación, despojo de sus tierras, irrespeto a su autonomía y al desplazamiento forzado. Enfatizaron la necesidad de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas así como el apoyo del Grupo de expertos para avanzar en la rendición de cuentas.


Carla Mendoza y Ana Lucía Álvarez, en nombre de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) respectivamente, denunciaron que sus familiares están siendo sometidos a torturas y malos tratos. Álvarez expuso la violencia de género a la cual están expuestas las mujeres presas políticas, entre ellas Tamara Dávila (hermana), Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez y Suyen Barahona, “quienes se encuentran en aislamiento total desde el primer día”. Por su parte, Mendoza, hermana del cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza, pidió al Consejo alzar la voz y demandar la libertad inmediata de las 205 personas privadas de libertad por motivos políticos.


En representación de la organización aliada Freedom House, Susana López -quien es madre de Gerald Vásquez, estudiante asesinado en las protestas del año 2018- pidió al Alto Comisionado hacer todos los esfuerzos a su alcance para el esclarecimiento de los crímenes “investigando todos los rangos de la cadena de mando”. Asimismo, pidió por la liberación de las 205 personas privadas de libertad por motivos políticos, “cuyas vidas hoy corren peligro”.




Pronunciamiento


El Colectivo 46/2, en nombre de la sociedad civil, agradece la contundencia de las intervenciones de los Estados y anima a seguir de cerca la situación en Nicaragua de cara a la sesión extraordinaria planeada para diciembre 2022, así como la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos donde se debe renovar la resolución del mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos de Nicaragua. Ambos momentos son clave para seguir ejerciendo presión colectiva para que Nicaragua cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y para que los Estados atiendan aspectos de la crisis que requieren una mayor visibilización, como la especial afectación a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.



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