Solicitud Alta Comisionada de la ONU al Consejo de Derechos Humanos por situación en Nicaragua

Actualizado: 21 dic 2021

Nicaragua: Alta Comisionada de Derechos Humanos ONU pide al Consejo de Derechos Humanos tomar todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones




Washington D.C., 15 de diciembre de 2021 .- En cumplimiento de la Resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, la Alta Comisionada adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Nada Al-Nashif llamó de nuevo al Gobierno de Nicaragua a comprometerse con los mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas en aras a restablecer urgentemente los derechos y las libertades públicas cercenadas. Destacó el papel esencial del Consejo de Derechos Humanos, a través del cual la comunidad internacional puede ayudar a “restablecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas” en el país.


En su declaración, Al-Nashif llamó de nuevo al Consejo de Derechos Humanos a considerar “todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas, búsqueda de la verdad y reparación integral a las víctimas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018”. Advirtió el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, que provocó que Nicaragua perdiera la oportunidad de dar “un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018” e iniciar un proceso de apertura de espacios y progreso hacia la rendición de cuentas y reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos.


Las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, se dieron en un ambiente represivo, sin las garantías mínimas de legitimidad requeridas para poder ser referidas como “elecciones”. Entre mayo y octubre de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos y 45 organizaciones de la sociedad civil, y la detención de al menos 39 líderes y lideresas políticas, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles; entre ellas, 7 personas que expresaron públicamente su voluntad de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua.


Días antes, durante y después de las votaciones, la OACNUDH documentó la detención de 10 personas activistas políticas y periodistas. Ocho de estas personas continúan bajo arresto y en situación de incomunicación mientras se enfrentan a “cargos penales ambiguos”. Esto evidencia un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos que han seguido las autoridades estatales.


Al-Nashif exigió la puesta en libertad y restitución de los derechos civiles y políticos de todas las personas detenidas arbitrariamente, el fin del hostigamiento y criminalización contra las y los opositores políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos; y, nuevamente, insistió en que se otorgue a la OACNUDH y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos.


Más de 50 países preocupados por Nicaragua

En una declaración conjunta presentada por Chile, más de 50 países se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua y realizaron un llamado urgente al Estado para que libere inmediatamente a todas y todos los presos políticos, cese las detenciones por motivos políticos y las acciones represivas contra medios de comunicación y minorías. Asimismo, pidieron al Consejo tomar “cualquier medida concreta con el fin de apoyar los esfuerzos del pueblo de Nicaragua para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en su país”.


Finlandia en nombre de los países bálticos nórdicos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia), Perú, España, Estados Unidos, Ucrania, Suiza, Colombia, República Checa y otros países llamaron al Gobierno a que reanude la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como con los mecanismos regionales de derechos humanos.


Organizaciones de derechos humanos piden un #MecanismoParaNicaragua

Raza e Igualdad, Human Rights Watch, Civicus, Red Internacional de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, International Service for Human Rights, Centro por los Derechos Civiles y Políticos, entre otras organizaciones de derechos humanos, instaron al Consejo que establezca un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en su 49a sesión, programada para marzo 2022.


Raza e Igualdad y el International Service for Human Rights, en voz de Lizeth Dávila - integrantes de la Asociación de Madres de Abril (AMA) y madre de Álvaro Conrado Davila, primer adolescente asesinado en el contexto de las protestas sociales del año 2018, instó al Consejo a que cree este mecanismo, compuesto por una o varias personas expertas independientes, que verifique las graves violaciones a los derechos humanos documentadas, preserve las evidencias, identifique a los culpables y siente las bases para un proceso de justicia en mi país.


“Necesitamos justicia, necesitamos rendición de cuentas, para nosotras, para nuestros hijos y para el pueblo de Nicaragua”, exclamó Dávila.

Este llamado de la sociedad civil al establecimiento de un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas se sustenta en la manifiesta falta de voluntad del Estado de Nicaragua de cooperar con los mecanismos de protección de derechos humanos, así como la falta de implementación de las recomendaciones después de más de tres años de escrutinio por parte del Consejo de Derechos Humanos. Esta negativa ha ido acompañada de un continuo y rápido deterioro, donde no ha cesado la represión y donde a pesar de la amplia documentación, Nicaragua sigue sin reconocer ninguna responsabilidad en las graves violaciones ocurridas desde 2018.


Nicaragua necesita una respuesta contundente de la comunidad internacional que mande un mensaje claro de lucha contra la impunidad, que siente las bases de un futuro proceso de justicia y ayude a identificar los cambios estructurales que Nicaragua necesita para salir de esta crisis.


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