Ginebra, 20 de septiembre de 2019. Las delegaciones de Estados Miembros de Naciones Unidas participantes en el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos adoptaron hoy el Informe del Grupo de Trabajo con los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua. Dicho Informe reúne un total de 259 recomendaciones hechas por Estados miembros al Estado de Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos en el país, que enfrenta una grave crisis de derechos humanos desde abril de 2018.
Lamentamos que el Estado de Nicaragua haya rechazado 124 recomendaciones, de las cuales 100 están relacionadas con la crisis actual y plantean el retorno de los mecanismos de derechos humanos, la libertad de todos los prisioneros políticos, la restitución plena de los derechos civiles y políticos, el cese de la represión y proporcionar garantías de seguridad para que los exiliados puedan regresar al país.
Nicaragua pretendió justificar el rechazo de estas recomendaciones aduciendo que estas “no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad”. El embajador de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Ernesto Morales, negó las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cometidas por fuerzas estatales y grupos armados paraestatales, las cuales ha sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como ACNUDH y la CIDH. Adicionalmente, expresó que “algunos Estados emitieron discursos políticos, muy alejados de recomendaciones constructivas, tratando de politizar” el EPU.
El Estado nicaragüense solamente aceptó 135 recomendaciones, relacionadas con derechos de los niños, niñas y adolescentes, violencia de género, políticas públicas inclusivas, cambio climático, combate a la pobreza y desigualdad, acceso a la educación y mejoramiento de titulación para pueblos indígenas y afrodescendientes.
Rechazo a falta de compromisos de Nicaragua
Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos realizada hoy en Ginebra, una serie de delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las recomendaciones rechazadas por el Estado nicaragüense, y su pretensión de negar la realidad lo que demuestran falta de compromiso por restablecer garantías y derechos humanos fundamentales.
“Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú recordamos que el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua corrobora la falta de rendición de cuentas, la negación del derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y reparación, al reducción del espacio cívico, la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el ataque a los defensores de derechos humanos, periodistas y personas críticas con el gobierno, detenciones arbitrarias y torturas. Los países mencionados instamos al Gobierno de Nicaragua a que cumpla con los compromisos en materia de derechos humanos y a que considere la implementación de todas las recomendaciones presentadas”, dijo el representante de Perú en nombre de un grupo de países de América del Sur.
También intervinieron en el plenario las delegaciones de Egipto, Haití, India, Irán, Iraq, Filipinas, Rusia, Serbia, Sudáfrica y Reino Unido.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización socia en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), manifestaron: “Nos inquieta que (el Estado de Nicaragua) siga negando la violencia letal en la ciudad y el campo, ocultando la grave crisis de derechos humanos que vive el país, procurando dar una imagen de normalidad que no se corresponde con la represión que hoy sigue enfrentando la población; crímenes graves continúan en la impunidad, las manifestaciones públicas son reprimidas y fuerzas parapoliciales hostigan, amenazan y atacan a toda voz disidente. Nos preocupa profundamente que el Estado rechace las numerosas recomendaciones sobre el acceso a las organizaciones de derechos humanos al país, vulnerando así compromisos internacionales de derechos humanos (…) Insistimos al Estado en el restablecimiento de la personería jurídica de la que fueron despojadas arbitrariamente (9 organizaciones de la sociedad civil) y la devolución de sus bienes y activos así como garantizar un entorno seguro para que realicen su labor sin represalias ni amenazas”.
Otras organizaciones de la sociedad civil que intervinieron en la sesión fueron UNICEF, UNFPA, Consejo Misionero Indigenista, CIVICUS y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).
Raza e Igualdad se une a los llamados al Estado de Nicaragua para que honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y proceda a implementar de inmediato tanto la recomendaciones aceptadas, como todas aquellas que rechazó aduciendo una supuesta falta de fundamento y distorsión de la realidad. Asimismo, exhortamos al Estado de Nicaragua para que regrese a la mesa de diálogo velando por entablar un diálogo amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis, como se recomendó en el Examen Periódico Universal.
Incidencia previa
El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos que permite que los Estados miembros se examinan entre sí respecto de como están cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El 15 de mayo pasado el Estado de Nicaragua fue evaluado por el EPU en Ginebra, y en esa sesión un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejorara la situación de derechos humanos.
Un mes antes, el 3 de abril, representantes de la sociedad civil nicaragüense participaron de la pre-sesión del EPU, espacio en el que expusieron las diversas violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a las delegaciones que evaluarían posteriormente a Nicaragua.
Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU. En el examen anterior, que tuvo lugar en 2014, el Estado aceptó 164 recomendaciones, pero defensores de derechos humanos denunciaron que una parte importante de esas recomendaciones no fueron plenamente implementadas.