El Gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos

Actualizado: 6 dic 2021

"Resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses": Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas.



Washington D.C., 13 de septiembre de 2021.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este lunes 13 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su segunda actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Bachelet lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral del país, y se refirió a las detenciones arbitrarias que ha ejecutado el Gobierno desde mayo 2021 a la fecha, destacando que debido a la situación de incomunicación, aislamiento y la falta del debido proceso -especialmente en el caso de las mujeres- varios aprisionamientos presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.


En su actualización oral, Bachelet expresó que la salida a la crisis de derechos humanos requiere la participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos. “Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas… Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales… Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció.


Desde el 28 de mayo de 2021, su Oficina ha documentado la detención arbitraria y acusación de más de 30 personas, entre ellas defensoras y defensores de derechos humanos, empresarios, líderes campesinos, líderes estudiantiles y seis personas que manifestaron públicamente aspirar a la presidencia de Nicaragua.

Por otro lado, la Alta Comisionada denunció la intensificación de los ataques a la libertad de expresión y la libertad de asociación, el incremento de la violencia contra pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, y la imposibilidad de valorar el estado de la pandemia en Nicaragua por la ausencia de información oficial sobre los contagios y muertes relacionadas al Covid-19.


Según la información brindada por su Oficina, al menos doce periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación se han exiliado para proteger sus vidas en el marco de las citatorias, amenazas y detenciones dictadas por el Ministerio Público; además, destacó como evidencias del deterioro, la suspensión de la versión impresa del Diario La Prensa por obstáculos aduaneros, el posterior allanamiento de sus instalaciones, la incautación de bienes y la detención de su gerente general.


Respecto al derecho de asociación, recordó que la Asamblea Nacional clausuró cuarenta y cinco organizaciones sin fines de lucro, entre ellas seis organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de mujeres y organizaciones médicas que cuestionaron las respuesta gubernamental ante la pandemia.


Además, informó que al menos nueve personas indígenas resultaron muertas en un ataque relacionado con una disputa sobre tierras en el territorio Sauni As, de la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), el pasado 23 de agosto.“Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registrados en esa misma área desde enero de 2020 permanecen impunes”, manifestó Bachelet.


Ante este deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada expresó que es el deber del Gobierno de Nicaragua volver a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos; cesar la represión contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y liberar de forma inmediata y sin condiciones a más de 130 personas que se encuentran detenidas desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.


Finalmente, Bachelet exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en el país, contando con la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) para contribuir a dichos esfuerzos.


Pronunciamiento


Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), nos unimos al llamado urgente de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que continúe contribuyendo a la superación de la crisis de derechos humanos de Nicaragua.


Particularmente, respaldamos los esfuerzos de la Alta Comisionada y su Oficina en la formulación de múltiples recomendaciones que, si bien según nuestro Marco de Monitoreo de la Resolución 46/2 no han sido implementadas por el Gobierno de Nicaragua, trazan el camino para una salida con justicia y reparación integral para las víctimas de la crisis de derechos humanos de Nicaragua.


Una vez más, urgimos al Gobierno de Nicaragua a cesar la represión contra personas defensoras, periodistas y personas consideradas como “opositoras”, a liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos, y demás acciones necesarias para implementar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los Procedimientos Especiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Invitamos a la sociedad civil nicaragüense, medios de comunicación y comunidad internacional a unir esfuerzos para continuar monitoreando, documentando, denunciando y condenando las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Si le interesa obtener más información sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, por favor contactarse directamente con Tania Agosti, Asesora legal en Ginebra

( Agosti@RaceandEquality.org).

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