Ante crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, ONG’s piden que se renueve por 2 años el mandato del Grupo de Expertos ONU y OACNUDH
Washington D.C., 8 de marzo de 2023.- Tras un año de investigaciones exhaustivas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo -motivado por razones políticas- está cometiendo violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector de la población considerado como personas opositoras, reales o percibidas. Ante la gravedad de estos crímenes, activistas nicaragüenses demandaron que se refuerce y renueve por dos años el mandato del GHREN y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en un evento paralelo al 52 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos celebrado este martes 7 de marzo en el Palacio de Naciones, en Ginebra, Suiza.
El evento titulado “La persecución de personas presas políticas y defensoras: ¿Cómo debe responder el Consejo de Derechos Humanos” fue organizado por el Colectivo 46/2, una coalición que aglutina a más de 21 de organizaciones de derechos humanos que impulsó la creación del mandato del GHREN en el año 2022. Además, fue co-patrocinado por el Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR), el Centro por la Justicia CEJIL, CIVICUS, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch (HRW), International Service for Human Rights (ISHR) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). En sus intervenciones, las y los activistas relataron las represalias que tomó el régimen de Ortega por su trabajo de documentación y denuncia, y brindaron información actualizada del contexto país.
Al iniciar el evento, la Directora adjunta de la oficina de las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Nathalia Yaya señaló que su intervención debía de haber sido realizada por la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Dra. Vilma Núñez de Escorcia, quien en una “medida aberrante” fue arbitrariamente privada de su nacionalidad nicaragüense el pasado 15 de febrero y aún se encuentra en territorio nicaragüense, expuesta a graves riesgos a su vida e integridad. Yaya exigió que se respete su integridad física y psicológica.
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de derechos humanos “Nicaragua Nunca Más” quien se encuentra exiliado y en situación de apatridia como represalia por su trabajo de defensa de derechos humanos, agradeció la solidaridad internacional con las 317 personas nicaragüenses despojadas de su nacionalidad y derechos ciudadanos e instó a la comunidad internacional a fin de que “además del ofrecimiento de la nacionalidad, adoptar medidas que aceleren su acogida, dado los alcances y terribles consecuencias” de este atentado.
Alexandra Salazar, defensora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expresó su preocupación por la “instauración de una política del miedo a la denuncia” en personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, que trae como riesgo “la invisibilización, el anonimato o el subregistro” de la grave situación que vive Nicaragua. “Los Estados deben seguir alerta de lo que sucede en Nicaragua… continúen con el apoyo, abran los canales humanitarios y que se renueve el mandato del Grupo de Expertos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas”, urgió Salazar.
Becky McCray, indígena Rama y abogada miembro fundadora de la Alianza de Pueblos Indígenas Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), denunció que desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018, la violencia estructural y las graves violaciones a los derechos humanos, ambientales y territoriales contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe se ha recrudecido. Al menos 67 asesinatos de indígenas continúan en impunidad, y “el Ejército y la Policía Nacional no han respondido a estas muertes a pesar de las denuncias que se han elevado a distintas instancias”, por ello, pide que en la renovación del mandato del Grupo de Expertos se incorpore “la mención expresa para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Resolución por dos años, contundente y con apoyo regional fuerte
"Necesitaremos de forma inmediata una resolución contundente con un apoyo regional fuerte. Hemos tenido el apoyo del Core Group, pero también de Argentina y México, y esto es una demostración importante de la preocupación regional”, dijo Raphaël Viana, Defensor para China y América Latina del International Service for Human Rights (ISHR).
Gaia Hefti, Oficial de incidencia en Ginebra del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, explicó que todavía hay un largo trabajo de documentación sustancial por realizar en los próximos años y hay temas que no se han abordado con suficiente atención, “por lo cual es muy importante que los mandatos del Alto Comisionado, así como del Grupo de Expertos puedan seguir por dos años”
“Esto es lo que estamos empujando desde el Colectivo 46/2… justamente para que se tenga el espacio, el tiempo y los recursos para poder investigar estas violaciones” dijo Hefti.
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El Colectivo 46/2 ha impulsado una campaña de incidencia para que el mandato del Grupo de Expertos se renueve por dos años y se refuerce su enfoque interseccional,prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a familiares de las víctimas. También solicita que este mandato se complemente con el monitoreo de la OACNUDH sobre Nicaragua, para seguir reuniendo pruebas, informar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias, entre otras cosas identificando a los autores y sugiriendo vías para que se impulsen investigaciones penales internacionales contra los principales responsables de la represión.