Grupo de Expertos ONU y defensoras nicaragüenses analizan el presente y futuro del país a la luz del Primer Reporte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua
Washington D.C., 14 de marzo de 2023.- En un conversatorio sobre el primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), las defensoras nicaragüenses Olga Valle, Wendy Flores y Josefa Meza, y las personas expertas Jan-Michael Simon y Ángela Buitrago, instaron a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes y sancionar a las personas e instituciones acusadas de perpetrar violaciones y abusos a los derechos humanos desde el año 2018 en Nicaragua. Las defensoras llamaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a renovar el mandato del GRHEN por dos años más.
Tras un año de investigaciones exhaustivas, el informe del GHREN concluye que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector específico de la población civil identificado como “opositor”. Además, demuestra que los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del “desmantelamiento deliberado” de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
La comunidad internacional debe actuar ante crisis humanitaria
Ángela Buitrago, experta del GHREN, explicó que en la investigación se evidencia cómo “ha ido sofisticándose el método y la forma de realizar estos crímenes, y desde ese punto de vista, ya se llega al elemento máximo que es la deportación, la pérdida de la nacionalidad, y obviamente también la consideración de apatridia para las personas que fueron deportadas”.
Las condiciones humanitarias se están complejizando a nivel nacional e internacional, y “el GHREN ha hecho un llamado para entender que las consecuencias de todas estas decisiones que afectan no sólo a los nicaragüenses, sino también a la comunidad internacional. Se está generando -sin lugar a dudas- una crisis humanitaria que va a ser compleja en la región”, agregó Buitrago.
Para el Presidente del GHREN, Jan Michael Simon, "la comunidad internacional está obligada a Do not Harm", es decir que cualquier cooperación con el Gobierno de Nicaragua en materia de desarrollo debe estar condicionada “a que cualquier centavo que se desembolse tenga un objetivo de fortalecer los derechos humanos en Nicaragua”.
Según el experto, hay fuentes que “facilitan que el gobierno siga obteniendo oxígeno para mantener la situación en la cual se encuentra” y usando fondos en “fines muy particulares”. Por ello, el GHREN ha hecho una recomendación “poco usual” para este tipo de mecanismos, que se relaciona con que “la comunidad internacional tendrá que ver, no solo el tema obvio de responsabilizar a los individuos y sus actos y sancionar a las instituciones por sus actos; sino más bien verlo de una manera más amplia, en cuanto a cómo se puede incidir para que este sistema de Gobierno no siga haciendo lo que está haciendo”, explicó el experto.
Ante la persistencia de la impunidad, las investigaciones del GHREN deben continuar
Wendy Flores, defensora del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, lamentó que estas investigaciones y la presentación de este primer informe del GHREN, así como las Observaciones Finales de comités de Naciones Unidas, no se están realizando en Nicaragua producto de la persecución política que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El país que deseamos no es el que hoy en día nos está representando; es un país cargado de injusticia, de persecución, de abusos, de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes y asesinatos que se mantienen en la impunidad y que fueron ejecutados por fuerzas policiales y parapoliciales que hoy en día siguen aterrorizando a la población y a las víctimas… Es importante seguir profundizando en las investigaciones y que la comunidad internacional retome las recomendaciones del Grupo de Expertos”, dijo Flores.
Por su parte, Olga Valle, Directora de Urnas Abiertas, explicó que su organización ha documentado “cómo la consolidación del Estado totalitario después de la farsa electoral de 2021 (votaciones presidenciales) profundizó o empezó a condicionar y limitar también derechos económicos, culturales, sociales y ambientales”.
Valle llamó a los Estados y las fuerzas democráticas a que amplíen las sanciones a instituciones e individuos vinculados a la comisión de crímenes de lesa humanidad. También instó a que incorporen parámetros de derechos humanos y transparencia en los proyectos de desarrollo e inversión, ya que existen “instituciones internacionales financieras como el BCIE, el BID, el Banco Mundial o el FMI, a las que todavía se les puede identificar como financiadores del régimen en los últimos 5 años”.
Josefa Meza, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y madre del joven Jonathan Morazán, víctima de ejecuciones extrajudiciales en las manifestaciones pacíficas del año 2018, dio un mensaje de esperanza y de lucha contra la impunidad: "En nombre de la Asociación Madres de Abril (AMA), todas las madres que somos víctimas de esta represión, acogemos este informe con mucha esperanza de que por fin vamos a encontrar justicia y no va a existir impunidad".
“Necesitamos que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe la petición de renovación del mandato del GHREN. Necesitamos, como víctimas, recibir un mensaje claro para poder saber que no estamos solas y que el Sistema efectivamente nos acompaña… Para nosotras, las madres, es clave que el GHREN pueda avanzar y profundizar en el esclarecimiento de la verdad de los hechos”, agregó Meza.