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Carta abierta a Representantes Permanentes de Estados Miembros y Observadores del CDH

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DEBERÍA RENOVAR POR DOS AÑOS EL MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS EN DERECHOS HUMANOS SOBRE NICARAGUA Y PRORROGAR EL MANDATO DE LA OACNUDH




En el marco del 52.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes escribimos para instar a sus delegaciones a apoyar la renovación por dos años del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos). Dado el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, el drástico cierre del espacio de la sociedad civil y la completa falta de cooperación del gobierno con los mecanismos internacionales de derechos humanos, es necesario un mayor escrutinio internacional para proteger los derechos de la población nicaragüense. Como los principales órganos que investigan violaciones de derechos humanos en Nicaragua, el trabajo del Grupo de Expertos y de la OACNUDH sigue siendo crucial para llamar la atención internacional sobre la crisis, documentar violaciones graves de derechos humanos con miras a apoyar futuros esfuerzos de rendición de cuentas y garantizar que se sigan visibilizando los abusos cometidos en Nicaragua. Asimismo, instamos a sus delegaciones a reforzar el enfoque de género e intersectorial de la resolución, y a otorgar especial atención a la situación de las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, los migrantes, las personas apátridas y en situación de desplazamiento forzado, las personas detenidas por motivos políticos y sus familiares y las víctimas de represalias por cooperar con la ONU.


Nuestras organizaciones están profundamente preocupadas por las conclusiones del Grupo de Expertos sobre Nicaragua, según las cuales las violaciones y abusos documentados constituyen crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran el asesinato, la encarcelación, la tortura, incluida la violencia sexual, la deportación forzosa y persecución por motivos políticos.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua, que comenzó con la represión de las protestas en abril de 2018, se ha deteriorado gravemente. Muchas personas se han visto obligadas a abandonar el país debido a la persecución política, al temor a ser detenidas arbitrariamente y a la falta de oportunidades. Entre 2018 y junio de 2022, más de 260.000 nicaragüenses, casi el 4 % de la población estimada del país, se vieron obligados a huir del país, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos.


En 2022, el gobierno del presidente Daniel Ortega continuó deteniendo y procesando arbitrariamente a personas percibidas como críticas del gobierno, incluidos periodistas, líderes opositores, defensores de derechos humanos, miembros de la Iglesia católica, líderes indígenas y afrodescendientes, líderes de grupos comunitarios, empresariales y estudiantiles y familiares de personas detenidas.


El 9 de febrero de 2023, el gobierno liberó a 222 presos políticos y los expulsó a Estados Unidos, calificándolos de “traidores”. Además, estas personas fueron privadas de su nacionalidad y se confiscaron sus bienes. Aunque estas liberaciones pusieron fin a años de sufrimiento para muchos detenidos y sus familias, la decisión de despojarlos arbitrariamente de su nacionalidad es otra demostración del desprecio manifiesto del gobierno por las libertades fundamentales.


Tras la liberación, el gobierno ha despojado la nacionalidad a otros 95 críticos del gobierno, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos, escritores, líderes políticos y al obispo Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar el país y fue condenado recientemente a 26 años y 4 meses de cárcel por una variedad de cargos, como el de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. El obispo Álvarez, que se encontraba bajo prisión domiciliaria, fue enviado a una cárcel de máxima seguridad el 9 de febrero.


Las recientes reformas legislativas en Nicaragua que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones de Nicaragua conforme al derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. Con estas medidas, Nicaragua, que es parte tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 como en la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, viola en forma manifiesta sus obligaciones internacionales de garantizar el goce del derecho a la nacionalidad y de adoptar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia.


Monseñor Álvarez y otros 36 críticos del gobierno siguen encarcelados, según señalan organizaciones locales. Muchos han sido acusados de menoscabar la integridad nacional y de propagar noticias falsas en procesos penales que se basaron en cargos fabricados sin garantías de debido proceso. Además, pese a la liberación de 222 presos políticos, las organizaciones locales han informado sobre otras detenciones arbitrarias que presuntamente responderían a motivos políticos.

Algunas personas han estado sujetas a condiciones inhumanas durante la detención, incluyendo un régimen de incomunicación por semanas y meses y, algunas, en aislamiento solitario en el centro de detención en la Dirección de Auxilio Judicial (conocido como El Chipote) y otras prisiones. Algunos exdetenidos, y aquellos a quienes se les permitió recibir visitas familiares, han informado condiciones abusivas en detención, incluidos interrogatorios reiterados, atención médica inadecuada y alimentación insuficiente, a menudo sin acceso a libros, incluida la Biblia, ni a materiales de escritura.


El gobierno también ha restringido drásticamente el espacio cívico. Desde comienzos de 2022, las autoridades han cancelado la personería jurídica de más 3.200 organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones de mujeres, religiosas y médicas. Esta cifra representa el 47 % de las organizaciones sin fines de lucro que existían en Nicaragua antes de abril 2018, cuando las autoridades informaron un total de 6.500 organizaciones activas en el país. Entre las organizaciones clausuradas se incluyen decenas de organizaciones humanitarias, que desempeñaban un papel crucial para garantizar el acceso a servicios de salud, agua y alimentos a comunidades de bajos ingresos, en su mayoría rurales. Las autoridades también han cancelado la personería jurídica de 18 universidades, interrumpiendo la formación de miles de estudiantes.


Los pueblos indígenas de las regiones autónomas de la Costa Caribe siguen enfrentando actos de violencia, desplazamiento forzado, invasión y despojo de sus tierras tradicionales por parte de colonos armados, que actúan con la aquiescencia del Estado.

Las elecciones municipales de noviembre 2022 dieron como resultado el control absoluto del partido gobernante en los 153 municipios, en un proceso “caracterizado por la represión de las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, según la OACNUDH.


A pesar de este deplorable récord de derechos humanos, el gobierno de Ortega se ha negado reiteradamente a cooperar con órganos internacionales de derechos humanos. No se ha permitido a ningún organismo monitor de los derechos humanos ingresar al país desde que el gobierno expulsó a personal de la CIDH y de la OACNUDH a fines de 2018.


El gobierno no ha implementado las recomendaciones de la OACNUDH, en particular las relativas a garantizar que graves abusos no queden impunes, poner fin a las detenciones arbitrarias como medio para reprimir el disenso, liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos y derogar el marco jurídico que viola los derechos civiles y políticos. Los esfuerzos de documentación se han visto obstaculizados por la “negativa del gobierno a proveer información a la OACNUDH, a los procedimientos especiales del Consejo y a los de Órganos de Tratados”.


Durante 2022, las autoridades nicaragüenses tampoco colaboraron con el Grupo de Expertos de la ONU, la OACNUDH y varios órganos de tratados de derechos humanos de la ONU en el contexto del examen de sus informes periódicos, incluidos las revisiones del Comité contra la Tortura de la ONU en julio y del Comité de Derechos Humanos de la ONU en octubre. El gobierno nicaragüense también se negó a cooperar con la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU que estaba programada para este año.

En marzo de 2022, las autoridades expulsaron al nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, quien abogaba por la liberación de presos políticos, y al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En septiembre de 2022, el gobierno expulsó a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua días después de que la misión de la UE ante la ONU en Ginebra exhortara al gobierno a restablecer la democracia y a liberar a los presos políticos.


En septiembre de 2022, se negó el ingreso a Nicaragua a Anexa Alfred Cunningham, experta independiente de la ONU y miembro del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, siendo desterrada de su propio país en exilio forzado, en represalia por su colaboración con la ONU y su trabajo previo como líder indígena y defensora de derechos humanos en el país. El secretario general de la ONU ha denunciado al menos siete casos de represalias contra activistas nicaragüenses por colaborar con la ONU desde mayo de 2020.


Renovar por dos años el mandato del Grupo de Expertos y el mandato de monitoreo de la OACNUDH les permitiría seguir reuniendo pruebas de graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, informar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias, entre otras cosas identificando a los autores y sugiriendo vías para que se impulsen investigaciones penales internacionales contra los principales responsables de la represión. La renovación también enviraría un mensaje claro al gobierno de que los abusos cometidos desde las protestas de 2018 no quedarán impunes.


Reciban, Excelencias, el testimonio de nuestra más alta consideración,

Firmantes: Amnistía Internacional CIVICUS Human Rights Watch Colectivo 46/2, que incluye:

  • Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)

  • Center for Justice and International Law (CEJIL)

  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

  • Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)

  • International Institute on Race, Equality and Human Rights

  • International Service for Human Rights (ISHR)

  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

  • Unidad de Defensa Jurídica

  • Urnas Abiertas





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