Nosotros/as, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, escribimos para instar a sus delegaciones a apoyar una resolución fuerte en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que establezca un mecanismo sólido para la investigación de los crímenes del derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua. Consideramos que dicho mecanismo es necesario, dada la negativa del Gobierno a comprometerse constructivamente con el proceso del CDH hasta la fecha, así como con cualquier otro mecanismo de derechos humanos de la ONU y regional, y el deterioro de la crisis de derechos humanos en el país, en particular desde mayo de 2021. Este sería el siguiente paso lógico en el enfoque incremental adoptado ante la crisis a nivel regional e internacional desde 2019.
A pesar de los esfuerzos regionales y de la ONU para abordar la crisis durante los últimos tres años, la situación en Nicaragua continúa deteriorándose, ya que el Gobierno se ha negado a implementar ninguna de las recomendaciones hechas por la OACNUDH o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establecido por la Organización de los Estados Americanos, y ha intensificado su represión, particularmente en el contexto de las elecciones del año pasado. Desde que el CDH adoptó la última resolución en marzo de 2021, nuestras organizaciones se han sentido alarmadas por la continua detención arbitraria y el enjuiciamiento de decenas de personas percibidas como críticas del gobierno en procesos penales que carecían de las garantías básicas del debido proceso, incluidos opositores políticos, líderes estudiantiles, representantes campesinos, abogados defensores, periodistas y activistas. Algunas de estas personas fueron sometidas a desaparición forzada durante semanas o meses; y se han reportado casos de tortura y malos tratos entre las personas detenidas.
En febrero de 2022, la Fiscalía General de la República anunció que llevaría a cabo juicios contra las personas nicaragüenses detenidas a través de un comunicado de prensa en el que las llamó “delincuentes y ladrones”. Hasta el momento, han llevado a cabo al menos 8 juicios, y todos han resultado en rápidas condenas por el delito de “conspiración para atentar contra la integridad nacional”, y por los que la Fiscalía solicitó penas de prisión de hasta 15 años para algunos de las personas detenidas. Los juicios se realizaron en el penal “El Chipote”. Las autoridades han impuesto defensores públicos en las audiencias iniciales en la mayoría de los casos, y a muchas personas detenidas no se les ha permitido reunirse en privado con sus abogados/as antes de los juicios de febrero.
Además de los arrestos del año pasado, más de 130 personas percibidas como críticas han permanecido detenidas arbitrariamente por un período prolongado en el contexto de la crisis de derechos humanos en el país.
Este alarmante empeoramiento de la situación de los derechos humanos incluye ataques a las libertades de expresión y asociación, libertad de prensa, así como otras restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos. Desde 2018, se ha cancelado el registro legal de al menos 61 organizaciones no gubernamentales y han continuado los allanamientos contra medios de comunicación independientes. Recientemente, la Asamblea Nacional también canceló el estatus legal de varias universidades en un aparente movimiento para reprimir la disidencia estudiantil.
El sistema judicial carece de independencia del Poder Ejecutivo, lo que se traduce en una falta de imparcialidad en la resolución de asuntos legales y la rendición de cuentas por los abusos cometidos6. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó recientemente su recuento de víctimas fatales a por lo menos 355 víctimas. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) han analizado al menos 113 de estas muertes y han concluido que constituyen ejecuciones extrajudiciales. En su informe el GIEI ha concluido que las acciones contra manifestantes y disidentes constituyen crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno se ha negado a permitir que los observadores internacionales de derechos humanos accedan al país desde que expulsó a miembros del personal de la CIDH y la OACNUDH a fines de 2018. Una evaluación reciente realizada por un colectivo de organizaciones de derechos humanos documenta la negativa del gobierno de Nicaragua a implementar cualquiera de las recomendaciones incluidas en la Resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos, contribuyendo así al empeoramiento de los patrones de violaciones de derechos humanos documentados durante los últimos tres años9, incluidas las relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.
En este momento es fundamental que el CDH adopte un enfoque más firme para abordar la impunidad que sigue alimentando las graves violaciones y para enviar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses de que no se tolerará la falta de cooperación y el desentendimiento ante las violaciones. Esto está en línea con la recomendación de la Alta Comisionada de que el Consejo debe “considerar todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018”. Como el gobierno no muestra ninguna intención de reducir la represión en el corto plazo, es vital comenzar a sentar las bases para futuros procesos de rendición de cuentas a nivel internacional o nacional. Es fundamental garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidas las ejecuciones, tortura, violaciones y otros actos de violencia sexual, así como otras violaciones de derechos humanos cometidas desde entonces, no queden impunes a largo plazo.
Dadas las continuas y graves violaciones y la impunidad, así como la falta de voluntad de las autoridades para cooperar y comprometerse con los mecanismos regionales e internacionales, es esencial que el CDH adopte un enfoque más enérgico ante la crisis de derechos humanos en Nicaragua en su 49 sesión. No se puede seguir "como si nada" ante violaciones tan flagrantes. En este sentido, esperamos que sus delegaciones apoyen y trabajen a favor de una resolución firme que establezca un mecanismo de investigación sólido, con el mandato de monitorear de cerca e informar sobre la situación, realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, y contribuir a la rendición de cuentas por los crímenes internacionales. Hay que hacer frente a la impunidad rampante que sigue alimentando las violaciones en Nicaragua.
Reciban, Excelencias, el testimonio de nuestra más alta consideración,
Signatories:
Amnistía Internacional
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centre for Civil and Political Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales
CIVICUS
Colectivo 46/2*
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
Hirschfeld-Eddy Stiftung Human Rights Watch Federación International por los Derechos Humanos (FIDH)
IFEX-ALC
International Service for Human Rights (ISHR)
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland
Peace Brigades International Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
Urnas Abiertas
* El Colectivo 46/2 es una colación de 21 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que monitorean la implementación por el Estado de Nicaragua de las 14 recomendaciones realizadas por la resolución 46/2 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021.