(Ginebra/Managua - 24 de mayo de 2022) - Este martes 24 de mayo, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas eligió a las tres personas que conformarán el “Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos” que, según la última resolución aprobada por el Consejo, investigarán y promoverán la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua en el año 2018. Estas personas trabajarán exhaustivamente durante el periodo de un año.
El Colectivo 46/2 da una calurosa bienvenida a la abogada Ángela Buitrago y los abogados Jan-Michael Simon y Alexandro Álvarez. Ángela Buitrago (Colombia), es una abogada y ex fiscal colombiana con amplia experiencia en derecho penal y derechos humanos, que ha realizado numerosos peritajes ante la Corte IDH con perspectiva de género. Jan-Michael Simon (Alemania) es un abogado experto en derecho penal, política criminal y derecho internacional público, que combina la investigación con el trabajo de campo y la práctica en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, el Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción, principalmente en Centroamérica. Alexandro Álvarez (Chile) es un abogado cuya práctica se centra en el derecho internacional de los derechos humanos; fue consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre derechos humanos, justicia y estado de derecho en Nicaragua (2021- 2022) y trabajó con el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua (MESENI 2018- 2021).
“Desde las 21 organizaciones que conformamos el Colectivo 46/2, celebramos esta selección de personas expertas en derechos humanos que el Consejo de Derechos Humanos ha realizado y que muestra la continuidad del compromiso de este órgano con la grave situación de derechos humanos en el país. La labor de estas personas será muy importante para la historia de Nicaragua y las expectativas son grandes”, expresó la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta de la organización CENIDH.
Este “Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos” tiene el mandato de realizar investigaciones exhaustivas de las presuntas violaciones de los derechos humanos, tomando en cuenta dimensiones de género, y sus causas estructurales; asimismo, debe reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y -de ser posible- identificar a las personas responsables; formular recomendaciones asegurando un enfoque centrado en las víctimas y abordando los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación.
Por ello, “nosotras y nosotros, consideramos que la selección del Grupo de Expertos cumple con los criterios de expertise en derechos humanos, género y representación geográfica, necesarias para tener una mirada desde la sensibilidad, objetividad e interdisciplinariedad, por lo que confiamos en la integridad de los mismos y los resultados de su investigación que contribuirán a la rendición de cuentas de Nicaragua ante la comunidad nacional e internacional por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dicho país desde abril de 2018”, expresó Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca más”.
Cabe destacar que, las personas expertas seleccionadas también deberán trabajar en colaboración con el Gobierno, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la sociedad civil, organizaciones internacionales de derechos humanos, y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas. Asimismo, presentarán un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52º período de sesiones, durante un diálogo interactivo.
Desde el inicio de la crisis, en el año 2018, el régimen de Ortega y Murillo no ha mostrado ninguna intención de reanudar su cooperación con las Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, “no perdemos la esperanza de que se permita el ingreso de las personas expertas al país.'' Alentamos al gobierno a cambiar su posición, cooperar plenamente con estas personas, y emprender acciones para trazar el camino hacia la salida de esta grave crisis”, declaró Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
“Las organizaciones internacionales, regionales y nacionales que conformamos este colectivo nos ponemos a disposición de las personas expertas, y del personal que se le asigne por parte de la oficina de la Alta Comisionada, para promover y participar de los espacios y procesos que realicen para establecer un flujo de información sobre las violaciones de derechos humanos y casos que investigarán en el marco de su mandato. Confiamos en que este esfuerzo será vital para romper con la impunidad en el país. ¡Seguimos luchando para que en Nicaragua haya verdad, justicia, reparación y no repetición!”, finalizó Olga Valle, Directora de la organización Urnas Abiertas.
Para más información, póngase en contacto con: Francisco Pérez (f.perez@ishr.ch , +41789245684) o Tania Agosti (agosti@raceandequality.org , +41786193393)
Información adicional:
La represión en Nicaragua no ha cesado, incluso se ha recrudecido en el contexto del cuarto aniversario de las protestas sociales de abril del año 2018. Recientemente, las autoridades han detenido arbitrariamente y expulsado del país a personas cantantes y productoras musicales que utilizaban la expresión artística para denunciar las violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en el país. Asimismo, la justicia nicaragüense continúa llevando a cabo procesos judiciales que no respetan las garantías mínimas del debido proceso y criminalizan la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos públicos. Estas personas, sin excepción, han sido condenadas por motivos políticos según disposiciones legales incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y continúan privadas de su libertad en condiciones que ponen en peligro su vida y su integridad física, con profundos impactos sobre ellas y sus familiares En el caso de las mujeres, se han observado consecuencias diferenciadas en razón de su género, como mayor aislamiento, tortura psicológica basada en roles de maternidad, entre otros.
El Colectivo 46/2 ha monitoreado, documentado e informado periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del Gobierno de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las preocupaciones de la comunidad internacional en esta materia. El Colectivo ha alentado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que designen un grupo de expertos internacionales para investigar la crisis de derechos humanos que se vive en el país desde abril de 2018. Por razones de seguridad no se pueden proveer los nombres de todas las organizaciones miembros del Colectivo. Más información: https://www.mecanismoparanicaragua.org/